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Normativa contractual aplicable en la Asamblea


Capítulo III

De la Contratación

Artículo 85

Los contratos que celebre la Asamblea de Madrid se regirán por lo dispuesto en la legislación estatal sobre contratos de las administraciones públicas, con las particularidades derivadas de la organización propia de la Cámara.

Artículo 86

  • Son órganos de contratación de la Asamblea de Madrid, dentro de sus respectivas competencias:
    • La Mesa.
    • El Presidente.
    • La Secretaría General.
    • La Dirección de Gestión Administrativa.
  • Los órganos de contratación de la Asamblea están facultados para celebrar, en nombre y representación de la Cámara, los contratos en que intervengan, previa la oportuna consignación presupuestaria en los términos en que legal y reglamentariamente proceda.
  • . La competencia para la contratación se distribuye de la siguiente forma:
    • La Mesa será el órgano competente si el importe del presupuesto es superior a 30.000 euros.
    • El Presidente será el órgano competente si el importe es superior a 6.000 euros y no alcanza la competencia de la Mesa.
    • La Secretaría General si el importe es superior a 1.000 euros y no alcanza la competencia del Presidente.
    • Las Dirección de Gestión Administrativa si el importe no es superior a 1.000 euros.

    En los importes de los apartados anteriores no se considerará incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

  • El órgano competente para contratar lo será para la aprobación de los pliegos de condiciones particulares y proyectos que regulen el contrato, así como para la autorización y celebración formal del contrato.

Artículo 87

En la Asamblea existirá una Mesa de Contratación presidida por el Presidente o Vicepresidente en quien delegue e integrada por:

  • Los tres Vicepresidentes de la Asamblea.
  • El titular de la Secretaría General o Letrado en quien delegue, que realizará las funciones de asesoría jurídica.
  • El Interventor de la Asamblea.
  • El Director de Gestión Administrativa.
  • El Jefe del Servicio de Contratación, que actuará como Secretario de la Mesa.

Artículo 88

Las fianzas exigibles en materia contractual podrán constituirse en cualquier forma admitida en la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas indistintamente en la Caja General de Depósitos, en la Tesorería de la Comunidad de Madrid o en la Sección de Contabilidad de la Asamblea de Madrid, actuando como Caja o Tesorería.

Artículo 88. bis

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid (TACOP)

  • El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid es el órgano competente en el ámbito de actuación de la Administración de la Asamblea de Madrid, Defensor del Menor y Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para:
    • El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las reclamaciones a que se refieren los artículos 310 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
    • La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que se refieren los artículos 313 de la Ley de Contratos del Sector Público y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
    • La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de nulidad contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 de la Ley de Contratos del Sector Público y 109 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
  • Los supuestos y actos recurribles, así como el régimen de legitimación, interposición, tramitación, resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados en las letras anteriores serán los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus normas de desarrollo.
  • El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid tiene naturaleza de órgano administrativo colegiado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias para garantizar su total objetividad. Está compuesto por un Presidente y dos vocales, designados por la Mesa de la Cámara a propuesta del Secretario General.
  • El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera del cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

    La designación de los vocales del Tribunal se realizará entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado.

    El Presidente y los vocales deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el grupo A.

    La duración de los nombramientos efectuados de conformidad con este apartado será de seis años prorrogables por una sola vez.

    Las designaciones tendrán carácter independiente e inamovible y no podrán ser removidos de sus puestos sino por las siguientes:

    • Por expiración de su mandato.
    • Por renuncia aceptada por la Mesa de la Cámara.
    • Por pérdida de la condición de funcionario de la Asamblea de Madrid.
    • Por incumplimiento grave de sus obligaciones
    • Por condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
    • Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

    La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) se acordarán por la Mesa de la Asamblea de Madrid previo expediente.

    El miembro del Tribunal que haya cesado por expiración de su mandato o renuncia deberá continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de su sustituto.

  • En lo no previsto en este Reglamento y sus disposiciones de desarrollo, serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
  • Las resoluciones del Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

    Las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos de contratación o las entidades contratantes se harán, siempre que sea posible, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. En el caso de las personas jurídicas, la comunicación deberán hacerla siempre mediante medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

Instrucción de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid, de 25 de abril de 2011, sobre criterios para la aplicación de los límites cuantitativos para la determinación del órgano de contratación de la Asamblea de Madrid

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 40.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, dispone que "La representación de los entes, organismos y entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre". La misma remisión a la normativa interna aparece, específicamente para las Asambleas legislativas autonómicas, en la Disposición Adicional Tercera, conforme a la cual "Los órganos competentes [...] de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas [...], ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas". La regulación de los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid se contiene en el artículo 86 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, de 3 de diciembre de 2001, cuyo apartado 3 procede a distribuir la competencia para contratar entre los distintos órganos atendiendo a un criterio cuantitativo fundado en el importe del presupuesto correspondiente.

Ciertamente, la aprobación de la Ley 30/2007 supone una novedad relevante en la medida en que introduce un concepto jurídico novedoso, el denominado valor estimado, definido en el artículo 76.1 en los siguientes términos: "A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato".

De la redacción del citado precepto, así como del resto de la LCSP, que, en numerosas ocasiones acude no al citado valor estimado, sino a los términos "precio del contrato", "importe del contrato", "cuantía del contrato" y "presupuesto del contrato", utilizados de forma equívoca -tal es el caso de los artículos 24.1, 29.1, o 54.1- pueden surgir dudas razonables acerca de si este valor estimado es el que ha de tomarse en consideración a la hora de establecer el órgano de contratación de la Asamblea, o bien si procede mantener la interpretación hasta el momento sostenida a partir del propio tenor literal del Reglamento de Régimen Interior de considerar el precio máximo de licitación. En este sentido, y teniendo en cuenta el contenido de los preceptos de la LCSP en los que específicamente se hace mención al valor estimado del contrato y a la finalidad con que éstos aplican dicho término, parece razonable considerar que, siguiendo las pautas establecidas por la Directiva 2004/18, lo emplea, no con el mismo contenido y alcance que el presupuesto de licitación, sino como referencia diferenciada para delimitar ciertos aspectos del régimen jurídico del procedimiento de contratación, tales como la tipificación de los contratos sujetos a regulación armonizada (artículos 13 a 17), el régimen de publicidad de las licitaciones (artículos 125 y 126), y el límite cuantitativo para poder utilizar el procedimiento negociado por razón de la cuantía en las distintas modalidades contractuales (artículos 155.d), 157.f), 158.e) y 159). Con tal alcance, el valor estimado del contrato ha de ser considerado de forma netamente diferenciada de los otros términos a que nos hemos referido anteriormente, es decir, el presupuesto de licitación, el precio cierto o retribución del contrato, y el crédito presupuestario a retener por la Administración, de tal forma que se evite la posibilidad de confundir el contenido y alcance de cada uno de ellos. Así puede también deducirse de la interpretación que se ha hecho sobre el alcance del término "valor estimado", en los Informes 26/08 y 43/08, de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y, especialmente, en la Recomendación 1/2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, que dispone lo siguiente:

"Todo ello teniendo en cuenta, además, que cuando el artículo 76.1 de la LCSP se refiere de forma genérica a la exclusión del IVA o IGIC, lo hace tan solo en relación con el cálculo del "valor estimado", concepto que está destinado tan sólo a servir de referencia para establecer los umbrales comunitarios que determinarán la sujeción del contrato a determinados aspectos normativos y de procedimiento derivados de la regulación armonizada, y que, por tanto, no hay que confundir con el precio del contrato o con las proposiciones económicas de los licitadores (...)".

Ello resulta tanto más defendible cuanto que la LCSP no fija cuáles hayan de ser los criterios para determinar el órgano de contratación, cuestión que, a diferencia de las anteriormente citadas, es de pura organización interna y no incide en los principios de publicidad, igualdad de oportunidades y no discriminación que presiden la normativa comunitaria y estatal. No se opone a lo anterior ni siquiera la utilización del valor estimado a la hora de fijar la necesidad o no de recabar en el ámbito de la Administración General del Estado la autorización del Consejo de Ministros, preceptiva para contratos superiores a los 12 millones de euros, contenida en el artículo 292.1.a) LCSP. En primer término, porque, en rigor, dicho precepto no altera la competencia del órgano de contratación, tal y como se deduce del artículo 291 y de los términos del propio artículo 292; en segundo lugar, porque el artículo 292.5 faculta a "Los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritos los organismos autónomos, entidades públicas y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social" para "fijar la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos", sin hacer referencia alguna al valor estimado. Finalmente, y quizá lo más importante, porque la disposición final séptima de la LCSP, en su apartado segundo, incluye a los artículos 291 a 293 dentro de las disposiciones que no tienen carácter básico.

En definitiva, en ningún momento la LCSP pretende no ya establecer los órganos de contratación de otras Administraciones que no sean la General del Estado -y respecto a esta última con una amplísima apertura al Reglamento u otras disposiciones, tal y como se deduce sin dificultad del artículo 291- sino ni tan siquiera precisar los criterios a los que deban atenerse las normas internas para ello, que bien podrán ser cuantitativos, como hace el Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea, pero también funcionales, en razón de la competencia material del órgano, como parece desprenderse para la Administración General del Estado del reiterado artículo 291.1 LCSP, así como de los artículos 13 y 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Este criterio debe mantenerse con mayor razón debido a la presencia en este caso de la autonomía parlamentaria, consagrada para la Asamblea de Madrid en el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad, así como, en desarrollo de la cláusula contenida en el artículo 16.3.ñ), en el artículo 84.1 de su Reglamento. Dicha autonomía, en el ámbito contractual, determina que, si bien su contratación ha de ajustarse a las reglas contenidas en la LCSP para las Administraciones Públicas, la determinación de los distintos órganos con competencia en aquélla es libre. Buena prueba de ello es la excepción contenida en el segundo apartado de la Disposición Adicional Tercera para el Congreso de los Diputados y el Senado respecto a su sometimiento a la competencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales regulado en el artículo 311 para el conocimiento de tales impugnaciones, pudiendo designar un órgano propio. Para el caso de la Asamblea de Madrid se contempla una excepción idéntica en el artículo 3.4 de la Ley 9/2010, de la Comunidad de Madrid, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, conforme al cual "Los órganos competentes de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y demás instituciones y órganos vinculados o dependientes de la Asamblea, establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación del recurso especial regulado en el Libro VI de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Libro".

A la vista de las consideraciones anteriores y en virtud de las competencias previstas en el artículo 18.1.b) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, de 3 de diciembre de 2001, así como en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable al amparo del artículo 83 del citado Reglamento de Régimen Interior, se dicta la presente

INSTRUCCIÓN

  • Determinación del órgano de contratación de la Asamblea de Madrid.
  • La determinación del órgano de contratación de acuerdo con las cuantías establecidas en el artículo 86.3 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid deberá atender, como ha sido práctica habitual hasta la fecha, al importe del presupuesto máximo de licitación y no al del valor estimado.

  • Publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.
  • Para su adecuado conocimiento y dado su carácter general, de acuerdo con el artículo 97.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, el artículo 18.k) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid y el artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Instrucción se publicará en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.

Legislación estatal en materia de contratos (http://www.minhap.gob.es)

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